Ah, se a moda pega...

Esta notícia vem da Costa Rica, graças a mensagem recebida, por correio eletrônico, do amigo Bolívar Gomes. Destacamos as palavras do advogado Juan Diego Castro que ganhou uma ação contra o jornal La Nación daquele país:

“La postura de los sumos sacerdotes llorentinos no solo debe ser abordada desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista político y psiquiátrico, porque el daño que ellos provocan a nivel social, tergiversando y confundiendo a la población tiene orígenes y consecuencias psicológicos”, recalcó el jurista, quien en el pasado logró ganarle una contienda judicial a ese medio de comunicación."

Segue a notícia do Diario Extra na íntegra:

DENUNCIAN A LA NACIÓN POR NO INFORMAR CON VERACIDAD
BETANIA ARTAVIA

bartavia@diarioextra.com

William Ulloa interpuso un recurso de amparo contra el periódico La Nación por considerar que no informaron con veracidad sobre la marcha contra el TLC, lo cual viola el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.El malestar de dos ciudadanos contra el diario La Nación llegó hasta la Sala Cuarta, donde interpusieron un recurso de amparo por considerar que lesionaron sus derechos a recibir información veraz y fidedigna.
William Ulloa Bonilla y Ana Cecilia Trejos acudieron ante ese órgano en busca de sentar un precedente para que de alguna forma se exija a los medios de prensa difundir información veraz, por considerar que específicamente en la publicación sobre la marcha contra el Tratado de Libre Comercio no se cumplió con ese precepto.
“Lo presentamos porque muchas personas que participamos en la marcha del 26 de febrero nos quedamos extraordinariamente sorprendidas con la información que leímos en el titular de La Nación y en la nota interna del día posterior a la marcha, donde decía que eran 23.500 las personas que habían participado, ni una más ni una menos, y esto generó un sentimiento de malestar entre quienes estuvimos ahí y entre quienes lo vieron en las imágenes de otros medios”, comentó William Ulloa, uno de los recurrentes.
Detalló que tomaron la decisión luego de que en muchos correos electrónicos, llamadas telefónicas y páginas de Internet con un sentimiento de disconformidad y molestia por la forma en que se quiso presentar a la ciudadanía la marcha, y coincidieron en que debía hacerse algo.
“Acogiendo el malestar de muchas personas, pero a título personal, acudí a la Sala Constitucional, los fundamentos legales del recurso los aportó el licenciado Gerardo Trejos, ex diputado de Fuerza Democrática”, comentó Ulloa.
“Nos quedó un sentimiento de indignación, de saber que no se da información veraz. En estos casos de marcha uno sabe que es muy difícil establecer la verdad y los medios de prensa no están obligados a hacerlo, usualmente lo que se recurre es a hacer una estimación de diferentes fuentes, como cuánto dicen los organizadores y cuánto la contraparte, pero en este caso no se presentó así, sino que se hizo una estimación, que consideramos pseudocientífica y que evidentemente aparece como mentirosa si se contrasta con lo que muestran las imágenes de DIARIO EXTRA de la primera página y las fotos interiores, y las fotos de los otros medios así como las tomas aéreas de televisión”, explicó Ulloa.
Sostiene que la manifestación era como una serpiente humana que tenía la cabeza en Cuesta de Moras y la cola en el San Juan de Dios, por lo que la estimación de esa enorme cantidad de masa de gente moviéndose hecha por La Nación no parece correcta.
-¿No cree que esta denuncia es algo similar a David contra Goliath?-Sí. Uno sabe que es así, pero el primer paso es el más difícil, y es que admitan el recurso porque la Sala es restrictiva en esas peticiones.
-¿Usted lo hace en representación de las personas que se sintieron afectadas?-Lo hago a título personal, pero sé que en este caso represento la insatisfacción de muchísima gente que lo ha expresado por muy diferentes medios, en listas de correos, en páginas web, en “blogs” y por mensajes de teléfono y llamadas.
-Si este es el primer paso, ¿qué sigue?-Hay otra gente que está haciendo un llamado a no leer La Nación, es el grupo Costa Rica Solidaria.
-¿Cree que desvirtúa la acción el hecho de trabajar como asesor del diputado Merino?-No, porque yo lo hago en mi condición de suscriptor de La Nación y como lector puede ser que no esté de acuerdo con algo, pero sí espero que por lo menos esa información cumpla con el principio de veracidad, que es lo que me tutela, según mi opinión, el artículo 46 de la Constitución.

• Juan Diego Castro, abogado
“ESTE TIPO DE MANEJOS NO SON RAROS EN LA NACIÓN”
El abogado Juan Diego Castro considera importante que los magistrados conozcan el recurso de los ciudadanos porque sentaría un precedente que podría ayudar a que algunos medios de comunicación informen con veracidad y no sesgando o manipulando la información.Consultado sobre el tema, el abogado Juan Diego Castro, uno de los pocos que le ha ganado una disputa judicial a La Nación, dijo esperar que la Sala no sea tan formalista y conozca el fondo del recurso para sentar un precedente.
“Yo creo, y así se estima en todos los países democráticos del mundo, que el derecho a la información sea un derecho de dos vías: una es que los medios tienen derecho a informar todo y los ciudadanos tenemos el derecho de ser informados, pero esa información que recibimos los ciudadanos debe ser veraz. Incurre el medio o el periodista en una grave falta profesional y ética cuando publica notas falsas o sesgadas y se está violando el principio de la veracidad. Ese tipo de manejos en La Nación no son nuevos, ni raros, La Nación y su equipo de periodismo supositivo son muy hábiles en ese tipo de manejos que provocan una desinformación profunda. Quienes hemos sido víctimas de las mentiras de La Nación sabemos cuánto daño producen esos ataques antiperiodísticos”, aseveró Castro.
El abogado detalló que aunque los lectores de un medio se sientan afectados por no recibir una información veraz, nunca habían acudido a la Sala Constitucional para reclamar por el derecho a recibir información veraz, de allí la importancia de éste recurso, y espera que los magistrados lo estudien, en vez de rechazarlo de plano.
“Me parece muy interesante que estos ciudadanos acudan a la Sala Cuarta pero no creo que los magistrados les den la razón, porque ellos van a argumentar que no utilizaron el mecanismo del derecho de rectificación y respuesta, que permite precisamente cuando el periódico no le publica la rectificación o respuesta en el término de la ley de jurisdicción constitucional que sea la Sala la que ordene la rectificación y respuesta. Espero que la Sala no sea tan formalista y conozca el fondo del recurso y siente un precedente, que de todas maneras a La Nación no le importaría, porque siempre la han condenado y ha seguido mintiendo”, aseveró Castro.
“La postura de los sumos sacerdotes llorentinos no solo debe ser abordada desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista político y psiquiátrico, porque el daño que ellos provocan a nivel social, tergiversando y confundiendo a la población tiene orígenes y consecuencias psicológicos”, recalcó el jurista, quien en el pasado logró ganarle una contienda judicial a ese medio de comunicación.